La propuesta de José Mujica de cobrar “unos pesitos más” a quienes posean extensiones de tierras superiores a las dos mil hectáreas, desató nuevamente un polémica dentro del Frente Amplio.
El vicepresidente Danilo Astori, alertó sobre los “riesgos que los inversores pueden ver dibujados en el horizonte" por la "falta de previsibilidad". Jorge Saravia y Rafael Michellini, también se opone a la medida y estarían negociando un acuerdo dentro del gobierno para evitar que la crisis que vive el FA se profundice.
La Sociedad Rural, y los partido Blanco y Colorado también se niegan a poner impuestos a los grandes propietarios. Jorge Batlle dijo que la iniciativa "es un mamarracho" y Lacalle afirmó que no hay que "cambiar las reglas de juego" porque se corre el riesgo de “inquietar a los inversores”. Pedro Bordaberry también sigue esa línea, y no se podía esperar menos del hijo del gran hacendado y golpista Juan María Bordaberry.
El senador Eduardo Lorier, del Partido Comunista, criticó los dichos de Astori y quienes se oponen a este impuesto diciendo que “por miserables US$ 60 millones que no nos vengan a decir absolutamente nada más; no vengan a hacer terrorismo verbal". Es que como reconoce Lorier, por un impuesto miserable que para nada toca ni tibiamente a los latifundistas y grandes propietarios de tierras, el FA muestra nuevamente para quien gobierna.
¿Qué pasa con la tierra en Uruguay?
Esta discusión se da en el marco de una creciente extranjerizaciòn y concentración de la tierra, que cada vez está en menos manos. El gobierno del Frente Amplio reconoce que estosgrandes propietarios de tierras, se han enriquecido en estos años bajo su gobierno (ver recuadro) pero para nada lleva adelante la consigna de “que pague más el que tiene más” y por el contrario los exonera de muchos impuestos.
Desde Izquierda Socialista de los Trabajadores, creemos que hay que crear un impuesto a quienes posean predios mayores a dos mil hectáreas. Este debe ser progresivo y tomar la valorización real de la tierra. El pago actual debería ser de 16 dólares por hectárea, con lo que ha aumentado la tierra, ese debe ser el piso para cobrar el impuesto. Hoy estos grandes latifundistas pagan la miseria de 4 dólares por hectárea.
Además se deben eliminar todas las exoneraciones fiscales a los grandes productores, a los grandes propietarios de tierras y a las multinacionales instaladas en el país. Es necesario estatizar la tierra extranjerizada y llevar adelante una reforma agraria eliminando los grandes latifundios. Abrir un debate para que los trabajadores y los sectores populares decidan a que se destinaran las tierras. El problema de alimentación y “la soberanía alimentaría” de producir en base a las necesidades de la mayoría del pueblo debe ser el criterio. También se hace impostergable terminar con Zonas Francas (paraísos fiscales que no pagan impuestos) y se debe dejar de pagar la deuda externa.
Este gobierno que se muestra tan temeroso en aplicar a los terratenientes ese “miserable impuesto” para nada aplicará estas profundas medidas. Para que realmente paguen más los que más tienen, hace falta organizarse y preparar una gran pelea. Se hace necesario discutir democráticamente en las fábricas, oficinas, liceos, en la facultades y los barrios, un nuevo plan económico que este al servicio de las necesidades de los trabajadores y los sectores populares.
Gobierno de Mujica, reconoce que benefició a latifundistas
Presidencia colgó un comunicado en su página web, defendiendo la propuesta de gravar a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, en virtud de la revalorización que ha tenido la tierra en los últimos diez años.
"En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra", afirma el comunicado.
Agrega que en los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114, "situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector, ni en el valor de la contribución inmobiliaria"."Si la contribución hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea y no los US$ 4 que hoy se tributan".
"La alta valorización de la tierra y la no existencia de una regulación en la compra-venta, hace que los pequeños arrendadores resulten desplazados por los altos precios que deben pagar", afirma. En ese contexto, "los pequeños propietarios resultan también desplazados porque la productividad generada no les permite ingresos superiores a los que obtendrían arrendando o vendiendo sus campos".
Ni los “miserables 60 millones”
Iban a ser “miserables 60 millones” lo que se recaudar{ia por el impuesto a las extensiones mayores de 2000 hectáreas, Pero ante el reclamo de los grandes ganaderos Mujica explicó que “cada vez que un animal cambia de dueño, la empresa que lo compra paga un impuesto”. Por ese impuesto se recaudan unos US$ 18millones en el país y quitarlo el presidente lo encuentra “razonable como medida de ayuda”
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Izquierda Socialista de los Trabajadores
Editorial Rebelión Nº13
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La propuesta de José Mujica de cobrar “unos pesitos más” a quienes posean extensiones de tierras superiores a las dos mil hectáreas, desató nuevamente un polémica dentro del Frente Amplio. 
