Entre el martes 25 y el miércoles 26 de octubre, un nuevo proyecto de ley directamente referido a la “ley de impunidad” se debatió durante horas en diputados y en senadores. Finalmente, el nuevo proyecto, presentado por el Frente Amplio en su conjunto, se aprobó solamente con los votos de esa fuerza política y los blancos, colorados e independientes votaron en contra.
La “ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, más conocida como la “ley de impunidad” sigue siendo uno de los temas centrales que divide a los uruguayos.
Por esa ley, hay cientos de asesinos, torturadores y secuestradores libres.
Por esa ley, miles de uruguayos que conocieron el horror de la tortura, la violación, la desaparición de algún familiar o el exilio, sienten la impotencia que significa la injusticia de no conocer la verdad de dónde están los cuerpos de sus familiares asesinados.
Por esa ley, era posible que la mayoría de los crímenes cometidos prescribieran al 1º de noviembre; de este modo, las investigaciones quedarían truncas. Peor aún, muchos de los torturadores hoy encarcelados –aunque en cárceles de lujo- podrían quedar sueltos.
Mientras los juristas discuten y apelan a dos, tres o más bibliotecas, los luchadores que quieren verdad, justicia y castigo a los culpables no pueden ni tienen por qué entender de vericuetos legales. Bastante dolor e impotencia nos causó a todos el comprender que por el voto vergonzante del diputado frenteamplista Semproni no se avanzó algo con el proyecto de la “ley interpretativa”, si bien sabíamos que no era la anulación sino solo una derogación a partir de la fecha de su eventual aprobación.
En esta instancia, la nueva ley aprobada finalmente tiene el consenso de todos los senadores y diputados del Frente Amplio. Ahora es necesario que el Poder Ejecutivo la promulgue antes de fin de mes, para que entre en vigencia el mismo 1º de noviembre. A partir de entonces, la tortura, la desaparición y la ejecución serán considerados como lo que son según el derecho internacional: crímenes de lesa humanidad.
A dos años del voto rosado, a 23 del voto verde y a 26 años de la aprobación de esta funesta ley 15.848, por fin parece que va a caducar la caducidad. El Estado recupera su derecho a investigar y su pretensión punitiva. Sin embargo, será la Suprema Corte de Justicia –que hace dos años declaró a la ley de caducidad como inconstitucional- la que tendrá que definir si, como es de preveer, los abogados defensores de los militares presentan recursos de inconstitucionalidad, en un intento de extender la vigencia de la ley de impunidad.
Queda mucho por hacer. Se sabe que desde la derecha se va a intentar trancar el nuevo proyecto. Es necesario ir forjando entonces la más amplia unidad de acción para organizar la lucha contra quienes lo intenten, vengan de donde vengan. Habrá que llenar nuevamente las calles, como cada 20 de mayo, exigiendo se cumpla esta nueva ley en forma inmediata y no se admita la prescripción de los delitos.
Mónica Gomez
11/2011
Contador de Visitas: 257172 visitantes ¡Proletarios de todos los países, uníos!
La “ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, más conocida como la “ley de impunidad” sigue siendo uno de los temas centrales que divide a los uruguayos.
