Escrito por Juan Ranchos       


Ahora es la “Justicia” la que deberá definir sobre las futuras posibles presentaciones de nuevas denuncias y expedirse, sin que medie como hasta hoy el Poder Ejecutivo. Pero poca garantía nos da una “Justicia” que a más de 26 años de la restitución de las libertades democráticas, apenas condenó a una decena de militares y un par de civiles, que algunos cumplen “prisión domiciliaria” y otros se albergan en una cárcel especial de lujo con todas las comodidades, emitiendo declaraciones y entrevistas que salen a la prensa.

Creemos que más allá de esta derogación, el tema de los Derechos Humanos en la pasada dictadura, su investigación, el saber la verdad para juzgar y castigar a los responsables, dependerá de si logramos una gran movilización y una lucha que tenga continuidad hasta hacer efectiva la histórica consigna de Juicio y Castigo. Para ello se debería crear una comisión investigadora parlamentaria, donde participen todas las organizaciones de Derechos Humanos y familiares de las victimas del terrorismo de Estado, que haga público el nombre de todos los golpistas, asesinos y torturadores. Para avanzar en este camino es indispensable una gran lucha.

Plebiscitos Para desmovilizar

El mecanismo de consulta popular, ha sido usado en forma constante en nuestro país para desmovilizar, desmontar las luchas y desmoralizar a quienes peleaban, llevando luchas importantes a un callejón sin salida y al mejor terreno que maneja la burguesía, que son las elecciones. Hay una responsabilidad de la alta dirigencia sindical y frenteamplista, de sembrar expectativas que todo se soluciona votando. Cuando en realidad si no existe una lucha de fondo que mantenga la continuidad, es imposible conquistar nuestros reclamos o derechos que sencillamente son desconocidos.

Plebiscitos ¿Se respetan?

El 13 de diciembre de 1992 una aplastante mayoría nos pronunciamos contra las privatizaciones, a favor de mantenerlas empresas públicas en manos del Estado, en ese referéndum se ganó con un 71.57% de votos. El 7 de diciembre de 2003 otro plebiscito triunfante fue para evitar la privatización de la petrolera estatal Ancap, que ganó con el 62,21 %de los votos. Por último el plebiscito por el agua se realizó día 31 de octubre de 2004. La Reforma Constitucional plebiscitada ganó en este caso con el 64,7% de los votos y derogó las concesiones a privados de los servicios de agua potable y saneamiento.

El triunfo de estos plebiscitos jamás fue respetado: en el caso del agua el 20 de mayo de 2005 un decreto firmado por Tabaré Vázquez y el Consejo de Ministros, autoriza y permite a las empresas transnacionales Aguas de Bilbao –española-y Suez –francesa- a continuar con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el Departamento de Maldonado. Desde hace años, OSE, UTE, ANCAP y ANTEL vienen siendo privatizadas, y cada gobierno profundiza la privatización con la tercerización y la concesión de sus servicios a empresas particulares. En todos estos casos se han violado todos los pronunciamientos populares sin que ningún político levantara la voz “sobre el respeto al pronunciamiento popular”.

Hoy cuando el tema es juzgar y castigara golpistas, asesinos y torturadores, aparecen los “demócratas” de los partidos Blanco y Colorado y unos cuantos dirigentes frenteamplistas, junto a los nostálgicos golpistas del Circulo y Centro Policial y Militar que se escandalizan por "no respetar al soberano”. Estos señores en nombre de la “democracia” intentan cuestionar el juzgamiento y el castigo a los mayores asesinos y torturadores de nuestra historia reciente.